El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que desde el Gobierno serán “implacables” en la imposición de sanciones para aquellas empresas de gestión del alquiler de viviendas que hayan cobrado comisiones indebidas a los inquilinos. El Ministerio, a través de la Dirección General de Consumo, ha informado este lunes de que se ha abierto una investigación a empresas de gestión del alquiler de viviendas que habrían obligado a los inquilinos a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, por cobrar fianzas desproporcionadas u obligar a firmar contratos temporales sin que la temporalidad estuviera justificada. Sin embargo, el presidente de la patronal de la intermediación inmobiliaria (Fadei), Miguel Ángel Gómez, ha asegurado que apenas existen denuncias de consumidores al sector.
El titular de Consumo ha recalcado que alguna de estas prácticas son “ilegales y están prohibidas por la ley de vivienda”, por lo que desde Consumo han abierto esta investigación a inmobiliarias que operan a nivel estatal y que en el ámbito autonómico serán las autoridades de consumo autonómicas las que deberán dar curso a estas denuncias. “No puede ser que en el mercado del alquiler se normalicen prácticas abusivas y que se violenten los derechos de las personas consumidoras”, ha subrayado.
Respecto a las sanciones, Bustinduy ha indicado que dependerán de la tipología de la infracción, que pueden ir de graves a muy graves, pero que también está previsto que se pueda sancionar con hasta 6 a 8 veces el beneficio ilícito obtenido en el caso de las sanciones graves y muy graves. Concretamente, las infracciones calificadas como graves podrán alcanzar multas de hasta 100.000 euros y las calificadas como muy grave podrían alcanzar sanciones de hasta un millón de euros, tal y como han indicado desde Consumo en un comunicado. “Son sanciones que pueden llegar a ser importantes. (…) Todo dependerá del curso de la investigación”, ha concluido.
Por su parte, el presidente de la patronal de la intermediación inmobiliaria (Fadei), Miguel Ángel Gómez, ha afirmado que le parece “fantástico” que Consumo persiga el fraude en las agencias inmobiliarias, pero ha asegurado que apenas existen denuncias de consumidores contra el sector.
Gómez ha señalado que en toda España “no habrá más de diez o veinte denuncias y no más de cinco en la Comunidad de Madrid”, y ha retado al ministerio a poner las denuncias que investiga “encima de la mesa”. “Yo me siento con ellos cuando quieran y que me digan cuántas denuncias tienen encima de la mesa”, ha apuntado el presidente de Fadei, que representa a más de 10.000 empresas inmobiliarias, de las cuales -asegura- “ninguna tiene denuncias”, a pesar de que firman miles de contratos de arrendamiento al mes. Tras apuntar que no descarta que haya freelance que estén infringiendo la ley de vivienda, ha apuntado que regular el sector —en el que operan unas 40.000 agencias, según sus datos— sería la mejor forma de evitarlo.
Maniobras del Gobierno
Algunas grandes empresas de gestión del alquiler de vivienda temen que esa investigación forme parte de una “operación” de Sumar desde el Gobierno para hacerlas “desaparecer”. Según fuentes del sector, Consumo está “decidido a sancionar” a compañías como Alquiler Seguro, Agencia Negociadora del Alquiler y Renta Garantizada, porque el movimiento por la vivienda, con los sindicatos de inquilinos al frente, “quieren que los profesionales del alquiler desaparezcan y se dediquen solo a la compraventa”.
Para estas franquicias, el punto de conflicto es la “interpretación diferente” que tienen con Sumar y los sindicatos de inquilinos del artículo de la ley de vivienda, que establece que “los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador”. Dichas empresas, que realizan una “gestión integral” del alquiler, siguen cobrando a los inquilinos los servicios que les prestan en muchos casos “durante 24 horas los siete días de la semana”, relacionados con aplicaciones tecnológicas, contadores y suministros, entre otros.
Al mismo tiempo, la Federación de Agencias Inmobiliarias (FAI), que está integrada por 33 asociaciones, más de 1.300 agencias y en torno a 6.000 profesionales, ha llamado a “no generalizar” lo que considera que pueden ser las malas prácticas de “unos pocos” en un sector de unos 120.000 profesionales, vertebrados en más de 30.000 agencias. “Ante las malas prácticas premeditadas de unos pocos, tolerancia cero por parte del sector, como venimos diciendo desde siempre”, ha indicado el presidente de FAI, José María Alfaro.
Tras garantizar que “no hay un incumplimiento generalizado” de la ley de vivienda, Alfaro ha reivindicado el papel de las agencias inmobiliarias en el “complejo” proceso del alquiler de una vivienda y ha apuntado que los honorarios de estas agencias “nunca han sido el problema de la subida de precios ni de que muchos inquilinos no puedan alquilar”. En esa línea, ha sostenido que “ante la emergencia habitacional más grave de los últimos cincuenta años, lo que hay que hacer es poner el foco en las verdaderas causas que la están provocando”.