El Gobierno de ultraderecha de Benjamín Netanyahu llevó el lunes al Parlamento israelí su propuesta para prohibir las actividades de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. La ilegalización fue aprobada por una amplísima mayoría de la Knesset —incluidos los partidos moderados—, con la única pero significativa oposición de los diputados de la minoría árabe israelí.
El Gabinete extremista que dirige la guerra contra Hamás, Hezbolá y el régimen islamista de Irán aprovecha cualquier circunstancia para hacer la vida imposible a la población palestina hasta expulsarla de sus propios territorios, como ya está sucediendo en el norte de la Franja. Allí ha denunciado el diario israelí Haaretz una limpieza étnica en marcha a fuerza de incrementar los bombardeos y denegar a los civiles suministros alimenticios, agua y asistencia médica. Sin la UNRWA y sin sus 30.000 trabajadores —emplazados ahora a cesar sus actividades en tres meses— no habrá quien se haga cargo de la red de escuelas, centros sanitarios y reparto de medicinas, vacunas y alimentos.
La organización fue creada hace 75 años por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Su objetivo era la asistencia de la población expulsada del territorio ocupado por Israel tras la partición de Palestina aprobada por la propia institución internacional. Al empezar hace un año la guerra en Gaza el Gobierno de Netanyahu acusó a la UNRWA de complicidad con Hamás por la supuesta participación de nueve de sus empleados en la matanza perpetrada por la organización terrorista el 7 de septiembre. Nunca presentó pruebas. No obstante, el secretario general de la ONU, António Guterres, encargó una investigación sobre las actividades de la agencia y el comportamiento de sus trabajadores a la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna, que resultó en recomendaciones para asegurar su neutralidad. Tales esfuerzos han sigo ignorados por las autoridades israelíes.
La ilegalización decretada esta semana se enmarca en la creciente hostilidad de Netanyahu hacia Naciones Unidas, expresada en la declaración de su secretario general como persona non grata, el acoso militar a los cascos azules de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL), las agresivas intervenciones de sus representantes en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General, incluido el propio Netanyahu, y las acusaciones de antisemitismo a los tribunales internacionales por haber admitido denuncias de crímenes de guerra y genocidio o dictar medidas cautelares para evitarlos. Con la prohibición de esa estructura necesaria para garantizar un asomo de vida civil que es la UNRWA, Israel da un paso más en el expolio y negación de derechos civiles de los palestinos. Una grave decisión unilateral que contraviene la Carta de Naciones Unidas, algo impropio de un Gobierno civilizado.